Un accidentado cierre de año ha tenido la Alianza del Pacífico, el bloque de integración comercial integrado por Chile, México, Colombia y Perú que no ha podido concretar su cumbre presidencial debido a la crisis política y social que vive el país vecino.
Originalmente, la reunión se iba a realizar en Ciudad de México en la última semana de noviembre. Sin embargo, el Congreso peruano negó el permiso para que Pedro Castillo pudiera viajar a la cita en la que recibiría la presidencia pro témpore del pacto.
Ante ello, el líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, suspendió el encuentro y acordó junto al Presidente Gabriel Boric, su par de Colombia, Gustavo Petro, y el propio Castillo reprogramarlo para el 14 de diciembre.
Pero a una semana de ese hito, el entonces gobernante peruano decidió cerrar el Parlamento, generando un quiebre institucional que terminó con su vacancia en el cargo y la asunción de Dina Boluarte como su reemplazante en Palacio Pizarro.
A partir de ello, la alianza quedó «en el aire», según comentan desde el Gobierno de Boric, situación que ha empeorado con la serie de protestas que hasta hoy se están desarrollando en distintas ciudades de Perú. Por ahora, no hay luces de reactivación. «Todo está suspendido», aseguran, a la espera de que la nueva administración peruana pueda disminuir la tensión social y encontrar una salida a la inestabilidad política del país.
En el intervalo surgieron algunas alternativas para reactivar el bloque, como la planteada informalmente por los cancilleres de México y Colombia para que Chile se hiciera cargo de la presidencia, saltándose el turno de Perú.
Sin embargo, el nuevo gobierno peruano se opuso a esa idea, asegurando que en pocos días lograría controlar las manifestaciones. No obstante, como eso ocurrió, en el Ejecutivo reconocen que «no se sabe lo que va a pasar».
Otro elemento que complica es la tensión diplomática que se abrió entre Perú y México, luego de la decisión de López Obrador de gestionar un asilo político para la familia de Castillo, lo que derivó en la expulsión del embajador mexicano en Lima.
En ese escenario, los ministros de RR.EE. de los miembros del pacto acordaron esperar para ver el desarrollo de la crisis peruana. En ese contexto, la cumbre presidencial debiera realizarse el segundo semestre de 2023.
