El Ministerio de Bienes Nacionales desalojó esta jornada la casa fiscal ubicada en Los Prunos 7211, La Reina, RM. Esto luego de, por lo menos, ocho años de no recibir el pago del arriendo por parte de los ocupantes. Se trata de Manuel Miranda y su señora Teresita Araya, ambos militantes de la Democracia Cristiana.
De hecho, coincidentemente, el primero fue seremi de Bienes Nacionales durante el gobierno del ex presidente Patricio Aylwin.
Según informó la cartera, se «ha otorgado diversas oportunidades y plazos para normalizar su situación, los que no han sido cumplidos por los ocupantes, habitando dicho inmueble fiscal gratuitamente la mayor parte de los últimos 40 años».
La casa tiene 833 metro cuadrados y un avalúo fiscal de más de 230 millones de pesos.
El procedimiento llevado adelante por el gobierno responde, según informó el propio Ministerio, a «una sentencia de los tribunales de justicia que determinó que las personas que la habitan son `ocupantes ilegales` y ordenó la restitución del inmueble el 10 de agosto de 2021».
Antecedentes
La familia Miranda Araya llegaron a esa casa el año 1973. Según comentó Araya en conversación con La Segunda en 2011 «no nos hemos tomado esta casa por la fuerza. Pagamos arriendo desde 1973, cuando el Ministerio trasladó a mi marido a Santiago, hasta más o menos 2004, cuando nos llegó una notificación de que debíamos dejar la vivienda e iniciamos un juicio. Cuando llegamos acá, esto era una casa abandonada: la arreglamos con el compromiso de que nos la venderían».
Sin embargo, según los datos del Ministerio, la familia habría pagado el arriendo solo hasta 1980. Tres años más tarde se les habilitó la posibilidad de comprar la vivienda, cosa que no se concretó debido a que la familia no presentó los antecedentes necesarios, dicen desde el Ministerio.
Luego, en 1991 se realizó un contrato de arriendo formal, el cual fue pagado solo un año, según fuentes gubernamentales. «A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron pagadas hasta el año 2004», indicó Bienes Nacionales.
Según recuerda Araya, ese año el seremi de esa cartera les comentó que les vendrían el inmueble: «Dijimos que no había problema, pero después no nos volvió a recibir (…) iba a pagar el arriendo y no me dejaban», comentó.
Según continuó Araya, «hicimos una demanda para que nos vendieran, la cual perdimos porque el abogado no se presentó al juicio». La causa está judicializada desde 2005 en donde ha habido variados fallos que instruyen el desalojo de la casa por parte de la familia, como indicó Bienes Nacionales.
«Si bien el matrimonio Miranda Araya corresponde a persona mayores, se encentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes”, dijo la cartera.
El hombre tiene 83, mientras que la mujer 81. Además, el comunicado agrega que «el hecho de haber ostentado un cargo público -refiriéndose a Miranda- bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee».
