Desde el 1 de febrero al 12, ayer, los incendios en la zona centro sur del país han consumido 348 hectáreas, según informó el Gobierno. El Ñuble, Biobío y La Araucanía son las regiones más afectadas por los siniestros. Dentro de ellas una de las comunas que se ha vuelto un símbolo de esta emergencia ha sido Santa Juana que contabiliza 13 de los 24 fallecimientos a nivel nacional.
Según el catastro preliminar hecho por la municipalidad –liderada por Ana Albornoz- de las 71.000 hectáreas que componen la comuna, alrededor de 50.550 han sido arrasadas, lo que sería el 71%.
De las 13.749 personas que viven ahí en Santa Juana, 4.155 son rurales. En ese sector «hay unas 300 casa quemadas, cerca de 4.500 personas afectadas y 1.250 damnificados», dijo Edison Fonseca -al medio nombrado-, encargado de Gestión de Riesgo y Desastres y profesional de la Dirección de Obras Municipales. Además, advierte sobre la afectación de tres escuelas y dos recintos de salud.
Sin embargo, otra preocupación de las autoridades comunales es lo que podría suceder a mediados de 2023. «Tenemos que prever lo que pasará en invierno, por lo que ya estamos pensando en todas las obras de mitigación que debemos empezar a realizar con otras instituciones para prevenir remociones en masa o aluviones», explicó.
Esto tendría que ver con que se quemaron las raíces de los árboles, pero también con las cenizas que podrían empezar a bajar con las lluvias o la contaminación de los afluentes «y esas son amenazas que vamos a tener en invierno». «Primero estamos enfocados en el control de la emergencia actual, pero sí hemos tenido conversaciones para que cuando esto termine comencemos a ver las medidas de mitigación que habrá que ejecutar y así evitar eventuales pérdidas humanas por derrumbes», mencionó Fonseca.
Por su parte, Santiago Quezada, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Santa Juana, aseguró que hay «tremenda tarea por delante» y que una vez que se dé inicio al proceso de reconstrucción hay que pensar en el invierno: «A raíz de todo esto, esperamos que este año no sea mucha el agua que caiga».
Ambos apuntan a dos lineamientos más en los que se deben enfocar las autoridades. En primer lugar, la presencia permanente de los ministerios para que conversen con los entes técnicos y ayuden a los habitantes a volver a la normalidad, por ejemplo, a los damnificados con su campo: Darles espacios de rehabilitación y herramientas mediante asesorías para que puedan dar otra perspectiva a su trabajo a partir del territorio que les está quedando, «porque si se les quemó, es posible que haya ideas que puedan volver a echar a andar».
Además, creen que se requiere financiamiento a las administraciones locales y al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para poder efectuar estudios de gestión de riesgo, es decir, análisis que permitan anticipar futuras tragedias como incendios, anegamientos o remociones.
«La ley 21.346 -que establece el nuevo Senapred, ex Onemi- nos exige que como municipio creemos nuestra unidad de gestión de riesgo y tener estos instrumentos, pero no hay financiamiento», aseveró Fonseca.
Otras consecuencias
Alejandro Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Juana indicó que, además de todos los daños personales, ya nota problemas de abastecimiento ante la imposibilidad de los agricultores locales de ofrecer sus productos.
Actualmente, en la feria campesina que tienen en la comuna solo se oferta el 5% de los alimentos que normalmente llegaban desde el sector rural. «Se perdió todo, como si una bomba atómica haya caído acá. No tenemos productor y verduras que puedan llegar a la comuna. Es muy triste ver a la gente llegar con tan poca mercadería», señaló el dirigente.
Según comentó Muñoz, la situación se torna desesperanzados y triste, «por lo que no queda más que esperar que el Gobierno brinde las herramientas para levantar Santa Juana, con materiales y mucha ayuda a la gente de campo».
